Alrededor del mundo y en distintos contextos sociales y políticos las mujeres han ocupado un rol fundamental en la lucha por la defensa del medio ambiente. El feminismo y la ecología convergen en una sola corriente denominada “ecofemismo”, filosofía que nace de la cercanía de mujeres con la naturaleza, y del convencimiento de que nuestro sistema se formó, se ha formado y se conserva por medio del sometimiento de las mujeres, de la colonización de los pueblos y de sus tierras, y de la naturaleza.

En el artículo Ecofeminismo, una propuesta para repensar el presente y construir el futuro (2010) de Marta Pascual Rodríguez y Yayo Herrero. Señalan que todos los ecofeminismos comparten el enfoque de que la subordinación de las mujeres a los hombres y la explotación de la naturaleza son dos caras de la misma moneda y responden a una misma lógica, la lógica de la dominación patriarcal y la supeditación de la vida a la prioridad de obtener beneficios. De esta manera, el capitalismo patriarcal ha desarrollado diversas estrategias para someter a ambas y llevarlas a un plano de lo invisible. Es por esto que el ecofeminismo y sus distintas corrientes buscan una transformación en las formas en que las personas nos relacionamos entre nosotras y la naturaleza, reemplazando lógicas de imposición, opresión y apropiación, dejando fuera visiones antropocéntricas y androcéntricas.

En la década del setenta se pueden situar los orígenes teóricos que vinculan el feminismo y el ecologismo. La misma década donde alrededor del mundo existieron diversas expresiones públicas de mujeres por la defensa del medio ambiente. Uno de los más conocidos fue el movimiento Chipko, un grupo de mujeres que se abrazaron a los árboles de los bosques de Garhwal en los Himalayas indios. Con esto, consiguieron defender los bosques de empresas privadas forestales. Para ellas, el bosque significaba mucho más que solo una gran cantidad de madera, era abrigo, leña para cocinar, material para las camas de sus animales, etc.

Esa misma perspectiva de cuidado, de otorgar prioridad a la vida, resguardar el ecosistema y sus propios cuerpos es la visión que comparten hoy tres mujeres chilenas que llevan años luchando por la recuperación del agua y el medio ambiente en cada uno de sus territorios. Milena Báez desde el Valle del Choapa, Lorena Donaire de la Provincia de Petorca y Marta Aravena desde la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví. Detrás del testimonio de cada una, se revelan importantes conflictos socioambientales, los que hoy continúan vigentes y sin respuestas y soluciones concretas por parte del Estado.

Milena Báez Lara, Red Territorial Choapa:

“Los últimos años han sido críticos, ya no tenemos agua”

Desde el 2009 participa activamente en la Red Territorial Choapa, movimiento por la defensa del agua que integra a personas de distintas organizaciones sociales de la zona y que surge en agosto de ese año, luego del derrame de 11 mil litros de concentrado de cobre al río Choapa por parte de Minera Los Pelambres perteneciente al grupo Luksic. “Nos contaminaron por completo, antes ya habían ocurrido otros derrames, pero nadie había dicho nada. Las autoridades no le dieron importancia”. Este grave episodio de contaminación, hizo que el movimiento por la defensa del valle se generalizara.

Lamentablemente los problemas con el recurso hídrico comienzan mucho antes en la zona. En el año 2004 un informe de la Dirección General de Aguas (DGA), declaró agotada la cuenca del río Choapa. Por lo que dicho organismo ya no podía seguir cediendo grandes derechos de uso del recurso. A pesar de esto, ocurrió lo contrario, desde ahí en adelante la DGA sobre otorgó derechos de uso de agua a los grandes empresarios agrícolas que llegaron a instalarse al territorio, demostrando la debilidad institucional que existe en materia hídrica en el país. “Si se declaró agotada la cuenca no deberían haber seguido otorgando derechos de uso de agua ni haciendo pozos. Hasta el día de hoy se siguen aprobando proyectos que tienen un gran impacto, como el nuevo proyecto Inco de la minera. Entonces me pregunto ¿cómo es que tienen esa facultad?”.

Esta pregunta se responde yendo a la legislación vigente desde la dictadura militar instaurada en el país a partir de 1973. La constitución política de 1980, define en su artículo 19 N°24, el derecho a la propiedad de los privados sobre las aguas entregadas por el Estado. A partir de este marco jurídico, el código de aguas de 1981 abrió la puerta para el proceso de mercantilización y apropiación de este bien común. Desde entonces junto a la política de incentivo y desarrollo por parte del Estado a la agroindustria, tanto en la cuarta como en quinta región de Valparaíso, existió una creciente solicitud de derechos de agua a la DGA, en su mayoría requerida por los nuevos grandes agricultores, entregándoles derechos a perpetuidad y de manera gratuita.

Desde el 2007 se instalan grandes cultivos de palta en la zona, siendo la empresa agrícola del Grupo Penta la primera en llegar y la más grande. “En este minuto Penta, tiene más de 800 hectáreas de palto y sus pozos emplazados en el Río Choapa. Hay hartos fundos palteros y aparte de eso tratamos de convivir con la minera Los Pelambres de Luksic”.

El incremento de la expansión desmedida de la agroindustria también ha sido causa de la inexistencia de un ordenamiento territorial en Chile que permita establecer sus límites. Las grandes cantidades de agua para riego requeridas por los sembríos de palta junto a los trabajos de la minera han afectado directamente las cosechas de los pequeños agricultores, el correcto funcionamiento de los ecosistemas, el mantenimiento del ganado, la soberanía alimentaria e incluso la vida de quienes viven día a día con la escasez de este vital elemento en la zona. “Vivíamos tranquilamente de la pequeña agricultura, de nuestro ganado caprino y ovino. Frecuentemente se iba a la cordillera para la producción de quesos y hoy nada de eso podemos hacer. Los últimos años han sido críticos, ya no tenemos agua, ya se nos murió el ganado y los pequeños agricultores que quedamos estamos regando cada 15 días, ¿qué agricultura subsiste así?”.

Esta compleja realidad viven día a día los pobladores de la zona, quienes han tenido que buscar una nueva fuente de ingresos para subsistir. Milena junto a los habitantes de su territorio han dado una dura lucha a lo largo de los últimos años por la defensa del agua, lucha que, a pesar de haber alcanzado instancias de diálogo junto al empresariado y los diferentes gobiernos, no ha logrado conseguir soluciones favorables.

Estos años de movilización también han traído consigo otros problemas, el debilitamiento del tejido social. “Aquí se ha destruido el tejido social, la minera tiene una especie de fundación que ha ido implementando distintos programas a través de los municipios. Entregan bastantes millones para gente que postula a proyectos de emprendimiento, entonces los ven como los grandes salvadores, de esta forma intentan blanquear sus malas prácticas. Hay una parte de las personas que no estamos de acuerdo con que se les preste ropa a los empresarios y eso ha provocado que un sector con otro termine en conflictos”.

Es sorprendente la falta de acción de las autoridades…

“Sorprende, pero no tanto, finalmente quienes ocupan esos cargos públicos están puestos estratégicamente y muy vinculados al empresariado. Aquí les han pagado las campañas a los alcaldes, se ha hecho todo un lobby para que salgan, se han inyectado miles de millones de pesos a las municipalidades para que lleven a cabo sus actividades”.

¿Han recibido apoyo de las autoridades locales en las instancias en las que han realizado las denuncias?

Cada vez que hemos denunciado, el alcalde no hace nada, deriva todo al gobernador provincial y el gobernador es un abogado que prestaba servicios a minera Los Pelambres. Es un sistema super corrupto, no se puede contar con ellos para una lucha social. En abril del año pasado cuando estábamos en pleno paro, luchando con todos los estudiantes de Salamanca por el agua, andaba el presidente Piñera cortando cintas para darle el vamos al proyecto Inco de ampliación de la minera. Entonces a quién vamos a recurrir si ellos están de la mano.

¿Cuáles son tus principales anhelos en esta lucha por la defensa del agua y tu territorio?

Tenemos el gran anhelo de buscar el equilibrio en nuestro territorio, para poder vivir de forma sustentable. Queremos que el poderoso produzca lo justo y lo necesario, por su ambición están desbastando los pueblos, terminando con la ruralidad, con la agricultura y con la soberanía alimentaria. Queremos recuperar el agua que nos han robado, que los empresarios dejen de exportar el agua a través de las paltas, que dejen de usurparnos lo que nos pertenece.
Milena a sus 45 años y siendo madre de 5 hijos, ha dedicado su tiempo y total convicción a esta lucha por el agua y la defensa de su territorio. “Soy una convencida de que a través de la lucha social vamos a recuperar el agua que nos pertenecía. O sino me quedaría en casa viendo el desastre, tengo el convencimiento de que cada vez vamos hacer más lo que nos vamos a levantar. Hasta el momento sigo en pie de guerra”.

Lorena Donaire, vocera y encargada de Mujeres Modatima:

“La única forma de cambiar este destino que se ve tan negro es con una nueva constitución”

Desde la región de Coquimbo, nos trasladamos a la quinta región de Valparaíso, específicamente a la provincia de Petorca, territorio que desde mucho antes comenzó a sufrir una crisis hídrica también producto de la expansión de la agroindustria. Lorena Donaire, vocera y encargada de Mujeres Modatima (Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente) nos cuenta su experiencia y cómo ha sido su camino en el activismo por la defensa del agua.

Según un informe del Ministerio del Interior sobre Política Nacional para los Recursos hídricos (2015) existe un sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas en Chile. Más de 110 cuencas del territorio nacional se encuentran con una demanda superior a su recarga natural. La región de Valparaíso es la que presenta un mayor número de acuíferos con sobre otorgamiento (28) en el país. “Desde el año 85 se empezaron a otorgar los primeros derechos de agua. Recuerdo cuando nos cerraron el paso al río, siempre me bañaba ahí en el río la Ligua que viene desde Alicahue. Nos tuvimos que quedar solamente con el canal que pasaba por detrás. Antes disfrutábamos del río y de repente nos cierran el paso, nunca más lo vimos”.

Con la expansión de la política económica agroexportadora en la zona y a medida que la escasez de agua aumentaba, las denuncias sobre pozos y drenes al interior de fundos de empresarios por extracción ilegal también crecía. Estas prácticas junto al uso intensivo del agua por parte de las empresas y las bajas precipitaciones en el territorio, llevaron a que las cuencas de los Ríos Petorca y Ligua sean declarados oficialmente agotados en 1997 y 2004 respectivamente.

En el 2011 la Dirección General de Aguas (DGA), realizó una inspección que reveló la existencia de más de 65 obras ilegales subterráneas dentro de fundos de empresarios agrícolas de la provincia. “Nosotros nos hemos dedicado a perseguirlos y hacer las denuncias correspondientes. Finalmente, la extracción ilegal del agua queda como una falta más. Ignacio Álamo empresario a quien denunciamos seis veces el año pasado, solo tuvo una sanción de 245 millones, con cuatro hectáreas de palto lograba pagar esa multa y podía seguir robando agua”.

¿Quien debe fiscalizar?

La DGA debe fiscalizar, pero no lo hacen. Supuestamente no hay suficiente gente, eso es mentira. Aquí se ha priorizado la avaricia del empresariado y están muy ligados con la política en Chile. Imagínate que cuando se votó este verano en el Congreso que el agua sea considerada como un bien de uso público, los que votaron en contra son en la mayoría personas que tienen aquí derechos de agua. Por ejemplo, Juan Antonio Coloma, su esposa y su cuñado, son uno de los que más roba agua.

Con el paso de los años el paisaje del territorio fue cambiando y los cultivos de palta seguían en aumento, con esto también se modificaron las formas de subsistir y vivir. La crisis hídrica no solo amenazaba y degradaba los suelos, también afectó a los animales y al igual que en el Valle del Choapa la soberanía alimentaria de sus habitantes. “Aquí no somos nosotros no más, los seres humanos, también están otros seres vivos, los animales, el ecosistema en su conjunto. Nos han depredado, han erosionado nuestros suelos. Es un sistema muy egoísta, violento, sin sentido común. Hoy se sabe que estos empresarios están comprando predios en Colombia para plantar paltos, pero nuestra gente, quienes resistimos acá y quienes no se pueden ir porque no tienen los medios, los dejan en abandono”.

Mujeres Modatima

Modatima nace el 2010 como un movimiento de defensa por el agua en la provincia de Petorca, hoy se ha expandido a otros territorios a nivel nacional. Junto a esto, también surge Mujeres Modatima. “Nosotras siempre estuvimos dentro de la organización, pero había una mirada del modelo de despojo enfocada desde el agro negocio, desde cómo afectaba a los campesinos, siempre en términos de recursos. Desde ahí, nos comenzamos a preguntar qué pasaba con nosotras, cómo esta crisis repercutía sobre nuestros cuerpos, nuestra vida. Recorriendo a diario esta provincia nos dimos cuenta de que este modelo de despojo fue también afectándonos a medida que iba dañando el ecosistema”.

Algunos de los oficios de las mujeres de la zona también fueron perdiéndose, las hilanderas y crianceras hoy ya no pueden dedicarse a estas y otras labores producto de la escasez de agua. Actualmente hay un 30% de mujeres solas en la provincia de Petorca haciéndose cargo de sus hogares, debido a que desde el 2010 muchos hombres de la zona debieron emigrar hacia otros sectores por empleo. “Ellas antes eran temporeras, pero el trabajo de la palta es estacionario, solo funciona de noviembre a marzo. No hay mayor oferta de empleos, las mujeres de este territorio están muy empobrecidas”.

¿Quiénes conforman Mujeres Modatima?

Mujeres de distintas edades y de distintos territorios, muchas de ellas son campesinas, dueñas de casa, agricultoras, hilanderas, etc. Nuestra intención nunca ha sido ser una estructura aparte de la organización, esto un trabajo en conjunto con nuestros compañeros, nosotras luchamos junto a ellos, no delante, ni atrás, a la par. Pero siempre visibilizando cómo de forma diferenciada nos ha ido afectando este modelo de despojo.

El incremento de algunas patologías como la artrosis y artritis también se han relacionado como una consecuencia directa de esta crisis hídrica, ya que la realización y aumento de ciertas tareas domésticas ha provocado que estas enfermedades aumenten. “Aquí ya no se ocupan las lavadoras eléctricas, se volvieron a usar las bateas, lo que se traduce en un mayor esfuerzo físico. También existen lugares apartados donde no llegan los camiones aljibe y son las niñas y mujeres las que deben trasladar por largos caminos agua para sus viviendas. Lo que ha provocado que estemos viendo muchos casos de prolapso en niñas que no deberían tenerlo y eso precariza  aún más su vida”.

El abastecimiento de agua por medio de camiones aljibe se ha transformado en los últimos diez años en una cotidianeidad. Al mes son entre 120 y 140 camiones que se trasladan repartiendo agua solo para consumo humano en la zona en 4 turnos diarios. “Hasta septiembre más o menos se entregan 50 litros por persona, hoy la única entidad que entrega agua es la Municipalidad de Petorca. Muchas veces en la misma localidad o en alrededores solo logran entregar 10 o 20 litros por persona”.

¿Cómo han vivido esta crisis del COVID-19 con la escasez de agua en el territorio?

La autoridad sanitaria recomienda que hay que lavarse las manos 15 veces al día, si calculas cuantos litros son, aproximadamente 45 litros solo en lavado de manos, eso es imposible aquí. Imagínate la cantidad de agua que se ocupa para regar hectáreas de palto y la gente tiene que vivir con 20, 40 litros. Hoy miramos con temor el traslado de agua en la zona ya que los camiones aljibes son vectores de contaminación. Además, muchas de estas aguas tienen altos contaminantes, su calidad es cuestionable, hay mucho cáncer estomacal en la provincia, eso se descubrió con 2 misiones de observación que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humano en los años 2014 y 2018.

¿En qué se encuentran hoy como organización?

Seguimos siempre visitando a nuestra gente, haciendo la campaña del bidón y entregando agua a las comunidades. También continuamos visibilizando esta problemática tanto a nivel nacional como internacional. Como mesa regional de agua estamos levantando un proceso para continuar avanzando en la elaboración de informes, hemos hecho estudios muy serios para así dar soluciones concretas a esta problemática. Creemos importante ser parte del proceso por la nueva constitución, estamos enfocados en ir por el apruebo y la opción de convención constituyente. La única forma de cambiar este destino que se ve tan negro es con una nueva constitución.

Desde la comuna de la Ligua, Lorena mantiene su lucha activa por la defensa del agua y su territorio. Se define como una mujer que no tiene miedo y ante las injusticias no puede ser indiferente, muchas veces éstas la sobrepasan y la hacen actuar desde sus instintos. “Para mí lo principal en esto es el estar ligada a mi tierra, sentir el amor que siento por mi territorio, no puedo abandonarlo. Seguiremos haciéndonos cargo de lo que nadie hace tratando de llevar agua a las comunidades y también intentando de doblarle la mano al gobierno que está diciendo que en 5 años tendremos una solución, nosotros la solución la queremos ahora, no bajaremos los brazos”.

Marta Aravena, Colectivo Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia:

“La gente tiene que cambiar la visión antropocéntrica, somos una especie más que cohabita con otros seres vivos”

A finales de los años 50 comenzó a instalarse entre las localidades de Quintero y Puchuncaví en la quinta región de Valparaíso un parque industrial con plantas químicas, refinerías de petróleo y cobre, termoeléctricas, cementeras, entre otras industrias. En aquellos años la instalación de este cordón industrial en la zona llegó acompañado de una serie de promesas de desarrollo para los habitantes de estas localidades, hoy a más de 60 años de funcionamiento y tras numerosos episodios de intoxicación y contaminación, este lugar se ha convertido en una de las cinco zonas de sacrificio del país. Sus habitantes sufren las consecuencias de un territorio desbastado ambientalmente por causa del desarrollo industrial.

Marta Aravena vive en Horcón, pueblo que fue de pescadores, perteneciente a la comuna de Puchuncaví. En los últimos diez años se ha dedicado activamente a la defensa de su territorio, formando parte del Colectivo Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia. Organización integrada por mujeres de distintas edades y oficios de las localidades de Quintero y Puchuncaví, quienes luchan por visibilizar la problemática de contaminación de la zona través de la organización social, creando estrategias de resistencia frente a la sistemática violación de derechos humanos que han vivido los habitantes de estas localidades.

– Esta mañana leí en la prensa sobre un nuevo peak de emisiones de dióxido de azufre (SO₂) en la zona

– Marta: Ya no los leo, eso es pan de cada día aquí

La reacción de Marta al oír mi comentario, me hizo pensar en lo habituados que están a estos numerosos episodios de contaminación. Y más ahora cuando los habitantes de este territorio son pacientes de riesgo ante el COVID-19, producto de las secuelas que ha dejado la contaminación en la salud de los habitantes. Sumado a esto, estas localidades no cuentan con servicios de salud de alta complejidad. “El sistema de salud es deficiente, desde el 2018 estamos pidiendo ventiladores mecánicos. En el hospital no hay red de oxígeno, solo hay tanques móviles”.

Si bien este cordón industrial funciona hace décadas en la zona, las consecuencias de la contaminación de las empresas no fueron visibilizadas masivamente en los medios de comunicación hasta el año 2011. Cuando 33 niñas, niños y 9 adultos de la Escuela La Greda de Puchuncaví sufrieron intoxicación por una nube química que les provocó vómitos, desmayos, dolor abdominal, náuseas y tos. Posteriormente, un informe solicitado por la Subsecretaría de Educación dio cuenta de altos niveles de níquel, plomo, cromo y otros elementos químicos en los colegios de la zona. “Hasta antes de este episodio de intoxicación, aquí era un tabú hablar de contaminación. Con eso sale a la luz pública el problema que teníamos. Somos 2 comunas de muy pocos habitantes y es muy fácil invisibilizar a la gente”.

A pesar de que en 1994 el Ministerio de Agricultura declaró a Quintero y Puchuncaví como una zona saturada de contaminación, esto no fue impedimento para que el cordón industrial continúe expandiéndose, hoy 19 son las industrias emplazadas en el lugar. “En esos años cuando se inicia la legislación ambiental en Chile, comienza de forma lenta y muy débil. Aquí se ha usado la política de la coaptación, se trabaja con algunas organizaciones, se les dan algunas cositas, se compra a la gente y así van destruyendo el tejido social”.

La realidad de estas comunas que en un principio eran principalmente pesqueras y agrícolas y donde el turismo también fue fuente de ingresos para sus habitantes, cambió radicalmente producto de la constante contaminación. “Antes aquí se podían dedicar a la pesca artesanal, se sacaban mariscos a la orilla de la playa. Había mucho turismo y buen turismo. Con el paso del tiempo todo se fue terminando”.

Junto a esto, en los últimos años los episodios contaminantes de emergencia comenzaron a ser cada vez más frecuentes, varamientos de carbón, presencia de metales pesados en los alimentos, derrames de petróleo, nubes tóxicas, peaks de SO₂, etc. Siendo los episodios ocurridos entre agosto y octubre del 2018 como los más graves en la historia de esta zona de sacrificio. En ese período más de 1500 personas, principalmente niñas, niños y adolescentes acudieron a los servicios asistenciales de la región por síntomas de intoxicación al inhalar gases provenientes de las industrias.

¿Qué pasó desde entonces?

Después de esos episodios como colectivo elevamos un petitorio muy amplio que entregamos a la Moneda y fue firmado por más de 100 organizaciones que nos apoyaron a nivel nacional. Ahí pedíamos homologar las normas a las de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y crear la normativa inexistente. Es insólito que nuestro mayor contaminante, que nos provoca más cáncer, el arsénico no tenga normas de calidad y nada lo regule.

Esta grave contaminación ha provocado diversas consecuencias en la salud de los habitantes, lo que se ha traducido en el incremento de algunas patologías en la zona. En el año 2018 el Colegio Médico hizo llegar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso un informe elaborado por el Departamento de Medio Ambiente a cargo del médico Andrei Tchernitchi, esto tras la querella presentada por habitantes de ambas comunas debido a los episodios de contaminación vividos ese año. En dicho documento se explica cómo la actividad industrial que realiza el Complejo Ventanas, repercute en la salud de los habitantes. Algunos compuestos encontrados en los análisis como el nitrobenceno en concentraciones altas pueden causar daño cromosómico, genético y cáncer. “Aquí en la zona hay mucho cáncer, sobre todo broncopulmonar, cáncer a la vejiga, al estómago. Problemas cardiorrespiratorios, asma, problemas cognitivos. Hay una estadística en el departamento de educación que da cuenta de que sobrepasamos la media nacional muy lejos con los problemas cognitivos, con niños con síndrome de down y niños con espectro autista”.

En aproximadamente un mes se cumplirá un año del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia al acoger los recursos de protección presentados por los habitantes de Quintero Y Puchuncaví junto a otras entidades, en contra de las empresas que forman el cordón industrial y las autoridades. En dicha instancia se indicaron 15 medidas que debían ser adoptadas de forma inmediata. Entre las principales medidas destacan: la realización de estudios para determinar qué gases o elementos se encuentran en la zona, a partir de esto, implementar acciones en el plazo de un año, reducir las emisiones de las fuentes, elaborar diagnósticos de enfermedades y diseñar planes de traslado o evacuación de población vulnerable en casos de emergencias.

¿Qué ha pasado con las medidas dictadas por la Corte Suprema?

Hasta el momento casi nada, en la mesa en la que participo del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví, he pedido en forma reiterada que se hagan efectivas las recomendaciones del fallo, pero nadie dice nada al respecto. Sin embargo, uno de los compromisos adquiridos era el plan de descontaminación, este plan está, el problema es que no descontamina. Lo que hace es regular a las empresas que cumplan la normativa vigente y esta normativa es insuficiente, de bajo estándares, por lo tanto, esto no ha significado grandes avances.

¿Quién fiscaliza que este plan de descontaminación se cumpla?

Esto es fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente, de hecho, la superintendencia que existía en la región, tenía solamente dos fiscalizadores. Tras los envenenamientos del 2018, hoy contamos con una oficina en Quintero. Lo insólito es que aún no tenemos los teléfonos de los fiscalizadores, cuando ocurre algo, hay que llamar a la Seremi. Porque si lo hacemos por el conducto regular tardaríamos demasiado y un gas no puede esperar semanas, es una emergencia.

¿Es efectiva esta fiscalización?

Hasta el momento no, cuando sucede eso de los peak de algún elemento contaminante, no es efectiva. Obviamente cuando ya ha pasado y llegan a fiscalizar, las empresas ya se han puesto las pilas. Muchas veces esas fiscalizaciones se avisan, le dicen a gerencia y se preparan para recibir a los inspectores.

¿Cuáles son sus principales demandas como colectivo?

Nosotras pedimos el congelamiento del parque industrial para poder realizar los estudios pertinentes de cada industria, de esta manera se puede clarificar qué elementos emite cada una. También queremos que todas las empresas en la zona entren en la fiscalización, muchas de ellas se crearon antes del 94, por lo tanto, no tienen resolución de calificación ambiental. Es necesario que se creen normas efectivas para regular la contaminación, no sirve de nada un plan de descontaminación sin un marco regulatorio riguroso.

¿Qué esperas para el futuro de tu territorio?

Espero seguir avanzando en la recuperación, en ganar espacios, seguir generando conciencia en la gente y cultivar el aprendizaje sobre el daño que nos ha provocado la contaminación. Hay que dar la pelea disputar espacios de poder para hacer cambios estructurales. Yo creo que la revolución la tenemos que empezar a hacer nosotros desde la casa, desde nuestros propios hábitos. Hay que ir practicando el tener tu propio huerto, comprar lo justo. La gente tiene que cambiar la visión antropocéntrica, somos una especie más que cohabita con otros seres vivos. El virus del planeta, somos nosotros.

Marta Aravena hoy responsabiliza al Estado de Chile por invisibilizar por años las demandas de este lugar. Continua a diario trabajando por la recuperación de su territorio, dice que la naturaleza la ha llamado siempre y se define como una mujer ecofeminista, lo que ha hecho que continúe visibilizando activamente el daño que ha causado la industria en la zona. Su motor principal para seguir en esta lucha es su familia y las próximas generaciones.

Muchas mujeres al igual que Milena, Lorena y Marta desde distintos rincones han levantado una bandera de resistencia a economías extractivistas y patriarcales las cuales han despojado a los territorios y sus habitantes de los bienes comunes. Algunas incluso han perdido la vida por hacerlo, Macarena Valdés Muñoz fue una activista ambiental de la comunidad mapuche Newen de Tranguil (comuna de Panguipulli, Región de los Ríos) que lideró la lucha contra la instalación de la central hidroeléctrica en el río Tranguil. El 2016 Macarena fue encontrada muerta en su casa, en aquel entonces su muerte se declaró como un suicidio, pero los posteriores peritajes arrojaron la posibilidad de que había sido asesinada. Hoy su pareja sigue pidiendo justicia en una investigación que no ha estado exenta de irregularidades.

Por Macarena Valdés, Berta Cáceres y todas las mujeres que tanto en América Latina como en el resto del mundo, han perdido la vida en esta lucha por la protección del agua, sus cuerpos y sus territorios.