Violencia es una palabra fuerte, que conmueve, nadie quiere sufrirla ya sea siendo víctima o siendo testigo de ella. La familia es la unidad básica que constituye a la sociedad y lamentablemente es uno de los lugares donde puede existir violencia. Un quiebre familiar es un gran trauma para quienes lo viven, en especial, para los más pequeños.

Luego de una separación, normalmente los cuidados de los hijos/as quedan a cargo de las madres, se intenta llegar a acuerdo de visitas y quienes deben pagar pensión alimenticia son los padres. Todas las mujeres hemos sufrido algún tipo y grado de violencia en el proceso, unas más que otras. Las más fuertes logramos frenarla con herramientas personales tan básicas como el solo hecho de auto concebirse como sujeta de derecho (autoestima), saber poner límites, buscar ayuda, redes de apoyo y no aislarse. Parece obvio pero no lo es, sino hagan el simple ejercicio de entrevistar a sus abuelas y pregúnteles por qué soportaban lo que soportaban.

Recién al cumplir los 7 años de mi hija y después de un listado interminable de malos comportamientos del padre biológico en contra mía y de ella, decidí demandar. Me separé cuando mi hija cumplió un año y medio. En mi caso siempre tuve una actitud civilizada, intenté establecer visitas y pensión sin tener que demandar, pero luego de cinco años y medio de intentar TODO por las buenas, 3 ó 4 intentos de mediaciones fallidas, un arduo trabajo en terapia para tratar mi feminidad tóxica, lograr empoderarme, dejar de sentir culpa por la separación, dejar de ser objeto de manipulación. Y de por fin, conseguir $1.500.000 (crédito de consumo que pidió mi actual marido) para pagar abogadas, demandé por 3 causales al papá de mi hija por: cuidados personales (comúnmente conocida como tuición), comunicación y relación directa y regular (o visitas) y pensión alimenticia.

Tuve que conseguirme el dinero porque no califiqué para acceder al beneficio de una representación legal gratuita del Estado debido al ingreso de mi marido. No me parece en absoluto que en estos casos, se califique a la mujer de acuerdo a la renta de la familia ya que, por ejemplo, si yo hubiera recaído en una nueva situación de vulnerabilidad, habría dependido de los designios de mi nueva pareja para acceder a la justicia. Muchas mujeres no llegan a demandar por incapacidad de pago de la asesoría jurídica y me pregunto ¿Cuántas mujeres estarán en estas circunstancias?

En el camino para decidir demandar experimenté distintas emociones y viví momentos que me impulsaron. La primera emoción frente a una demanda es el miedo a no ser capaz de soportar emocionalmente el proceso judicial, es duro, primero porque existe una desconfianza hacia las Instituciones de Justicia, miedo a la revictimización propia y a la de les hijes, miedo a que tu abogada/o no te defienda bien y termines perdiendo lo más preciado de la vida que son tus hijes, miedo a represalias por parte del demandado hacia les hijes en forma de venganza, entre otras. Además del alto costo económico que implica tomar la medida de demandar, varía entre 1.200.000 y 1.500.000 por las 3 causas (cuidados personales, visitas y pensión). Después de mencionar todo eso les podría decir que sí, efectivamente todos mis miedos se convirtieron en realidad y que después de algunas crisis de ansiedad supe hacer de tripas corazón y continuar.

Las causas por pensión de alimentos son denominadas causas “z” en los Tribunales de Familia. En mi demanda solicité que el padre biológico de mi hija pague al menos el colegio. Y en cuanto a las visitas, solicité que “por favor” tenga una relación organizada, directa y regular con la niña de lo contrario su presencia intermitente es desorganizada, negligente y dañina. Como pueden ver, es una demanda de sentido común, no obstante, a pesar de que existe un proceso judicial en curso, esta persona sigue incumpliendo las fechas de pago de pensión por rebeldía, deposita cuando se le da la gana y se comunica por teléfono una vez a la semana.

Conforme a un estudio que realizó la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), se llegó a la conclusión de que durante el primer año el 20% de los demandados deja de pagar la pensión, cifra que aumenta a un 30% para el segundo año. Efectivamente, según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social, sólo un 16% de los obligados al pago de alimentos cumple de manera oportuna y sin retraso con ellos, lo que redunda en que el 84% restante presenta un atraso de mayor o menor medida, en el que alrededor del 60% de los deudores es de carácter grave (3 o más “pensiones alimenticias” impagas).

Al avanzar mi demanda el padre de mi hija presentó papeles para acreditar que no puede pagar más pensión porque su jefe -que es su hermano- le redactó un Anexo de contrato en el cual le bajaba el sueldo en $300.000 CLP. También presentó una declaración jurada por concepto de arriendo por vivir en la casa de sus padres (y me consta que no es así). El papel da para mucho, para una persona que tiene poder y redes, que es empleado en una en empresa familiar, vive de gratis en la casa de sus padres, es muy fácil evadir/eludir las responsabilidades de manera cobarde e involucrando a todo su grupo familiar.

A mi hija nunca le ha faltado nada, gracias a que tengo redes de apoyo y porque también he hecho malabares. Soy yo la que siempre asume absolutamente la mantención económica de mi hija cuando el padre no cumple por “rebelde” y lo más injusto es que no importa cuantas veces yo solicite apremios al Tribunal de Familia ya que éstos finalmente no parecen afectarlos. En ese sentido, el Estado y sus poderes, indirectamente nos obligan a subsidiar a estos hombres. Y más injusto es aún, cuando el demandado sí puede acceder al beneficio de asesoría judicial gratuita de la Corporación de Asistencia Judicial y una no.

Los datos proporcionados por la encuesta Casen del 2017 señalan que un total de 580.389 personas declara recibir ingreso mensuales por pensión alimenticia y el 87,4% de estas personas son mujeres (506.075), de las cuales el 56,7% son jefas de hogar, es decir, son el principal sustento económico de su familia. Cabe señalar que preponderantemente las mujeres son las que poseen más trabajos informales. A su vez, tenemos que hacer triple jornada para conseguir todo, y además hacemos el trabajo completo de cuidados que no se remunera ni valora simbólicamente.

Yo creo y, al menos así es en mi caso, que la mayoría tiene trabajos informales como una manera de conciliar los cuidados con el trabajo, lo cual también es inmensamente injusto porque somos nosotras las que acumulamos lagunas gigantes de periodos no imponibles en los sistemas de jubilación.

Una madre maternando sola se enfrenta diariamente a un agotamiento por la triple jornada de trabajo: trabajamos y estudiamos – cuidamos, alimentamos y formamos – aseamos, organizamos, dirigimos, etc., esto, en el mejor de los casos. Lamentablemente es común que además soportemos distintos niveles de violencia de la sociedad y de nuestras parejas o ex-parejas. Tristemente además, muchas viven huyendo con sus crías de sus agresores porque el Estado no condena la violencia “grave” y mucho menos la violencia “moderada”.

Es injusto y es violento, esto es violencia económica sistemática en contra de las mujeres, no depositar la pensión de alimentos cuando corresponde aún es un acto voluntario que los “papitos corazón” instrumentalizan para “estrangularnos” económicamente a las mujeres-madres en un acto de “rebeldía” y “venganza”. Porque las hijas/os que no reciben por derecho su pensión no dejan de comer, no dejan de educarse, no dejan de estar confortables y eso es gracias a las madres.

Después de muchos años de invisibilidad del problema, gracias a las organizaciones feministas, por primera vez en el Congreso están legislando para frenar el incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos. La primera iniciativa consta en la creación de un Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias publicados en Boletines Comerciales. Los deudores caerían en esta situación al deber 3 pensiones o 5 alternadas, no obstante, una de las propuestas es reducir de 3 a 1 las cuotas impagas del alimentante que no cancela por rebeldía. Con esta propuesta, el plazo de envío al Boletín queda en 45 días, pues se enviarán los datos por Oficio al boletín el día 15 del mes siguiente a la deuda. Respecto del deudor cesante, una de las propuestas es que éste acredite su cesantía mediante el finiquito correspondiente y que se acorte el número de cuotas impagas a 2 consecutivas (75 días) o 3 alternadas. Esta medida tiene por objetivo ser un nuevo “apremio” y privar al deudor de acceder a créditos bancarios o de casas comerciales, entre otros. La segunda medida tiene que ver con automatizar la retención de parte del sueldo del alimentante, para garantizar el pago de la pensión. Esto último es más urgente aún en contexto de pandemia. Las mujeres son afectadas de manera diferente por los desastres socio-naturales y los efectos que estos generan, los que profundizan las brechas pre-existentes en relación al acceso a bienes y servicios, incrementándose los niveles de violencia doméstica y sexual, los que dificultan en las posibilidades de recuperación temprana.

Al final, en esta sociedad tenemos muchas mujeres maternando solas, luchando, viviendo al día, en donde llegar a fin de mes “vivas” con nuestras crías es un sufrimiento y un agotamiento terrible, más aún cuando se busca una justicia que no existe. No será posible resolver la violencia que existe en las sociedad sino se resuelve primero la violencia que se reproduce en las familias. Por suerte y a diferencia de nuestras abuelas, que amamos y aceptamos con sus luces y sus sombras, creemos que esto no puede continuar, no seguiremos poniendo la mejilla, nosotras pasaremos la cuenta al sistema patriarcal y haremos hasta lo imposible para que la vida de nuestres hijes sea mejor que la nuestra.